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La Aplicación De La Acción De Nulidad De Laudos Arbitrales En El Ecuador

Brief Summary: JUAN MANUEL MARCHÁN. PÉREZ BUSTAMANTE & PONCE. El objeto de esta corta nota es hacer un acercamiento a las decisiones de las diversas cortes y tribunales de justicia que ya sea han anulado laudos arbitrales o han establecido con total claridad cuando se cumplen las razones para que un laudo sea anulado.

1.         Introducción.

Desde la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación[1] (en adelante la "LAM") en el año 1997, el tratamiento que las diversas cortes y tribunales de justicia han dado a la acción de nulidad de laudos arbitrales ha sido centro de la discusión de la comunidad arbitral ecuatoriana.

Este debate inicial siempre estuvo marcado de un tinte fuertemente procesal, ya que se discutía básicamente: (i) si la nulidad de un laudo debía ser conocida a través de  una acción o un recurso[2]; (ii) que trámite debía darse a la acción de nulidad, ya sea un trámite ordinario conforme el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil[3] o un trámite especial como lo sostuvo la Corte Constitucional[4]; (iii) la existencia de una serie de recursos en contra del laudo arbitral, que hacen que este proceso sea en la práctica interminable.

Estas preguntas se han ido respondiendo a lo largo de los años con el desarrollo de una incipiente jurisprudencia dictada por las cortes provinciales y la corte nacional, que ha intentado aclarar este complicado panorama para el arbitraje en el Ecuador.

Vale recalcar que muchas de estas preguntas permanecen sin respuesta o las posibles respuestas dejan de ser alentadoras, como en el caso de la existencia de recursos legales y acciones constitucionales dentro de los procesos de nulidad de laudo arbitral.

Sin embargo, al haber estado concentrados todos estos años en debatir estos asuntos procesales, que son de vital importancia, no se ha discutido a fondo el verdadero objeto y alcance de la acción de nulidad y cuando un laudo arbitral debe ser anulado. Consideramos importante concentrar el nuevo debate en los defectos sustanciales debe presentar un laudo, para que reciba la máxima sanción y sea excluido o eliminado del mundo jurídico.

Por esta razón, el objeto de esta corta nota es hacer un acercamiento a las decisiones de las diversas cortes y tribunales de justicia que ya sea han anulado laudos arbitrales o han establecido con total claridad cuando se cumplen las razones para que un laudo sea anulado.

 

2.         Las causales.

Los motivos o causales para solicitar la anulación de un laudo se encuentran enumerados taxativamente en el art. 31 de la LAM,  que incluye las siguientes irregularidades procesales: (a) falta de citación de la demanda a la parte demandada en un proceso que se siga y termine ex parte, siempre que ello haya limitado el derecho a la defensa de tal parte; (b) falta de notificación de las providencias del tribunal a las partes que limite o impida su derecho a la defensa; (c) falta de convocatoria, de notificación o de realización de pruebas a pesar de la existencia de hechos que deban justificarse. Sobre este punto la Corte Nacional de Justicia, en el  caso Latin American Telecom Inc. vs. Pacifictel S.A., ha aclarado que esta causal no puede prosperar si la falta de pruebas se debe a la negligencia de las partes; (d) incongruencias extra o ultra petita; y, (e) constitución ilegal del tribunal arbitral.

Estas causales de anulación tienen dos características fundamentales: (i) son taxativos y (ii) se refieren a irregularidades adjetivas o errores in procedendo, mas no a irregularidades sustantivas o errores in judicando.

Ha habido alguna discusión sobre si la presencia de otros hechos que no se adecúan a las causales arriba descritas podrían dar lugar a una acción de nulidad, sin embargo la jurisprudencia ha sido clara en señalar que estas son taxativas[5]. A manera de ejemplo, podemos citar la sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha cuando se alegó la nulidad de un laudo por haber sido este dictado fuera de plazo, en este caso se sostuvo  que: "4) Igualmente hay que referirse a la alegación de que el laudo fue notificado fuera de tiempo. A más de no constar como causal de nulidad en el referido literal d) del Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, carece de sustento (...)".

 

3.         La Jurisprudencia.

De la investigación de las diversas sentencias emitidas por las cortes provinciales, especialmente de Pichincha, nos hemos podido encontrar que la gran mayoría de acciones de nulidad se interponen por el vicio de incongruencias extra o ultra petita previsto en el artículo 31, literal d) de la LAM.

Asumimos, que esto se debe a la generalidad de la causal, ya que para muchos litigantes resulta fácil alegar de manera genérica, sin mayor especificidad, que un laudo resuelve cuestiones no sometidas al arbitraje o concede más allá de lo reclamado.

En este capítulo pasaremos revista a los principales pronunciamientos en los cuales las cortes han delineado los preceptos sobre los cuales los laudos arbitrales pueden ser anulados y nos detendremos en ciertas decisiones de nulidad que por su importancia las comentaremos individualmente.

3.1.      Objetivos generales de la Acción de Nulidad.

La Corte Nacional de Justicia, ya delimitó las prerrogativas de los jueces que conozcan de acciones de nulidad derivadas de la aplicación del artículo 31 de la LAM. La Corte Nacional señaló lo siguiente:

"...[el] objetivo [de la acción de nulidad] no es otro que el verificar la existencia o no de determinados vicios anulatorios en el procedimiento arbitral ... lo cual impide a los órganos jurisdiccionales que conocen tal acción, el dictaminar sobre el fondo del asunto sometido al procedimiento arbitral ya que lo que en éste se resuelve, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación, tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada...No corresponde a esta Sala, atenta la naturaleza de la acción de nulidad de laudo..., analizar si el Tribunal arbitral hizo bien o mal en acoger los principios y las bases legales que fundamentaron su decisión, porque dicha acción de nulidad de laudo no comporta un recurso de alzada contra la resolución arbitral adoptada"[6].

Otras sentencias también se han referido al objeto de la acción de nulidad y han señalado lo siguiente:

"Las características principales de la acción de nulidad es que es una acción extraordinaria y limitada por decisión del legislador, que ha sido concebida como un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral, más no como una vía para acceder a una instancia que revise integralmente la controversia resuelta por el laudo..."[7].

En otro fallo al tratar del mismo tema, la actual Presidenta de la Corte Provincial de Pichincha sostuvo lo siguiente:

"[...] las causales para acudir a la acción de nulidad son restringidas si se las compara con las cuestiones que podrían ser planteadas mediante un recurso de apelación o cualquier otra vía que habilite al juez a conocer el fondo de la controversia, por ello se considera como una limitación que impide al juzgador entrar a revisar el fondo del asunto"[8].

Igualmente la jurisprudencia ha señalado que los jueces que conocen de la acción de nulidad no son los superiores jerárquicos de los tribunales arbitrales y que por ende no pueden revisar y reformar los laudos arbitrales:

"El juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no puede convertirse en segunda instancia para juzgar el laudo por errores in iudicando y así modificar sus decisiones por el solo hecho de no estar de acuerdo con sus conceptos o juicios de valor..."[9].

Finalmente, en una sentencia reciente la Presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, señalo con claridad cual es la competencia dentro de este tipo de acciones y sostuvo que:

"[...] radica exclusivamente en conocer y resolver si en el proceso arbitral existe o no el o los motivos de nulidad alegados, ya que la característica principal de la acción de nulidad es que se trata de una acción extraordinaria y limitada por decisión del propio legislador, que ha sido concebida como un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral, más no como una vía para acceder a una instancia que revise integralmente la controversia resuelta por el laudo, por lo que -necesariamente- las actuaciones de esta Autoridad se deben ajustar a la competencia que legalmente se le ha otorgado [...][10]".

Este criterio fue ratificado por las sentencias en los casos Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS vs. Consorcio Bigdig S.A. y Asociados[11], South Garden S.A., Southgarden vs. E.G. Hill Company Inc[12]; Timesharing S.A. vs. Florencio Agustín Monserrate López[13].

3.2. Desarrollo de las Causales.

Teniendo claro el marco jurídico que tienen los jueces para pronunciarse sobre la acción de nulidad, queremos ahora entrar a comentar ciertas decisiones judiciales que han tratado a fondo cuando se reúnen las requisitos para que cierta causal prevista en la ley opere y por ende se declare la nulidad de un laudo.

3.2.1    No se haya citado legalmente con la demanda y el juicio se ha seguido y terminado en rebeldía.

El artículo 31, literal a) establece que podrá intentarse la acción de nulidad: "a) No se haya citado legalmente con la demanda y el juicio se ha seguido y terminado en rebeldía. Será preciso que la falta de citación haya impedido que el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos y, además, que el demandado reclame por tal omisión al tiempo de intervenir en la controversia;".

En aplicación de esta causal encontramos una sentencia del anterior Presidente de la ex Corte Superior de Quito, en el caso seguido por el señor Federico Arturo Pérez Molina vs. Programa de Protección Social, que concluyó con un laudo dictado por el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.

En este caso los demandados alegaron que el Programa de Protección Social del anterior Ministerio de Bienestar Social nunca fue debidamente citado con la demanda, ya que en la fecha de citación, el funcionario que fue citado con la demanda no representaba legalmente a dicha entidad. Por esta razón alega que se causo indefensión al demandado y se configuró la causal de nulidad contenida en el literal a) del artículo 31 de la LAM.

La sentencia declara la nulidad del laudo en vista de que la demanda fue dirigida en contra del Programa de Protección Social, órgano adscrito al Ministerio de Bienestar Social, más no fue dirigida en contra del Estado ecuatoriano, a través Procurador General del Estado, conforme dispone la ley.

A parte de esta decisión no hemos encontrados sentencias adicionales que declaren la nulidad en aplicación de esta causal.

3.2.2    No Realización o Notificación de Pruebas.

De la investigación realizada pocas decisiones se han referido a como debe ser tratada en particular esta causal. El artículo 31, literal c) establece que podrá intentarse la acción de nulidad: "c) Cuando no se hubiere convocado, no se hubiere notificado la convocatoria, o luego de convocada no se hubiere practicado las pruebas, a pesar de la existencia de hechos que deban justificarse".

En la sentencia del caso Cuerpo de Ingenieros del Ejército vs. Hidrotambo, encontramos una referencia interesante a que el "como" se haya desarrollado una determinada prueba, no constituye razón suficiente para sustentar una nulidad de un laudo arbitral.

La sentencia en referencia sostuvo que: "En este sentido, retomando lo expuesto en el numeral 2.1 de este considerando, el cómo se haya realizado una diligencia probatoria debidamente ordenada y convocada, no se subsume al vicio de procedimiento contenido en el artículo 31.c de la Ley de Arbitraje y Mediación, como ha cuestionado el accionante. [...] haciéndose hincapié en que no le corresponde a esta Autoridad realizar pronunciamiento respecto del cómo se ha procedido en la diligencia de exhibición antes aludida, ni la forma en que se han valorado las pruebas aportadas."

La sentencia a nuestro juicio es positiva deja en responsabilidad de los árbitros la correcta realización de las pruebas pedidas por las partes y obviamente su valoración dentro del procedimiento. No le corresponde a la autoridad pronunciarse sobre la forma en la que se realizó la prueba, únicamente en caso de que la misma no se haya convocado o convocada no se la haya realizado.

3.2.3. Incongruencia extra o ultra petita.

El artículo 31, literal d) de la LAM, contiene la causal de nulidad conocida como incongruencia extra o ultra petita. La ley señala que cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad cuando "d) El laudo se refiera a cuestiones no sometidas al arbitraje o conceda más allá de lo reclamado."

Uno de los casos que más a desarrollado esta causal es el caso PETROINDUSTRIAL vs. Di - Chem del Ecuador S.A., en el cual la Presidenta de la Corte Provincial de Pichincha señalo lo siguiente:

"Esta causal invocada puede configurarse a partir de uno cualquiera de dos supuestos: a) que el laudo hubiere recaído sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros; o, b) que el laudo hubiere concedido más de lo pedido"[14].

La sentencia hace un análisis más detallado y señala que la incongruencia extra petita a su vez puede presentarse en los siguientes dos supuestos: "i) Cuando el laudo recae sobre materias que no fueron contempladas en el laudo arbitral; de conformidad con lo acordado voluntariamente por las partes, en tanto, como se dijo, los límites dentro de los cuales pueden actuar válidamente son señalados por ellas en el objeto de la cláusula compromisoria o pacto arbitral tomando en consideración el límite material del arbitraje (materia transigible); o, ii) cuando el laudo recae sobre puntos no pedidos en la demanda o en su contestación, es decir, no se refiere a los hechos y a las pretensiones formuladas en la demanda, ni a las excepciones alegadas, de manera que no resulta concordante, ni armónico con los extremos del proceso y, por ende, deviene en inconsonante o incongruente"[15].

En este caso la Presidenta de la Corte Provincial anuló el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, alegando que los árbitros habían excedido el marco de sus atribuciones y resolvió sobre aspectos no pedidos por las partes.

Este, a juicio de la Presidenta de la Corte,  el Tribunal vició de incongruencia extra petita su decisión al declarar que las cláusulas de aplicación de multas, contenidas en un contrato administrativo, eran "ilegítimas por violar principios básicos de equidad y proporcionalidad".

Esta sentencia, a nuestro juicio, pone en evidencia un incorrecto entendimiento sobre la posibilidad de que exista arbitraje en contratos administrativos y sobre la facultad que tienen los árbitros de pronunciarse sobre las consecuencias que la aplicación legal o ilegal de ciertas cláusulas puede tener en los contratos administrativos.

En otro trabajo académico conjunto, al hablar sobre arbitrabilidad objetiva sostuvimos lo siguiente: "La Constitución, en el artículo 199, impone el parámetro para definir la arbitrabilidad de disputas en Ecuador. El arbitraje y los procedimientos alternativos para la solución de conflictos "...se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir",  precepto que también se encuentra recogido en el artículo 1 de la LAM.  Bajo la ley ecuatoriana, entonces, se pueden arbitrar únicamente las materias que puedan ser objeto de transacción, cuya delimitación consta principalmente en la sección sobre el Contrato de Transacción del Código Civil.   Dicho Código, en lugar de determinar qué materia puede ser objeto de una transacción, prefirió excluir aquellas que no pueden serlo, dentro de las que se encuentran: (i)  la materia penal;  (ii) el estado civil de las personas;  (iii) el derecho a recibir alimentos, salvo que cuente con aprobación judicial;  (iv) los derechos inexistentes o ajenos;  (v) la obtenida por dolo o violencia o a propósito de un título nulo;  y, (vi) la materia ya resuelta en sentencia con autoridad de cosa juzgada de la cual, al tiempo de celebrarse la transacción, las partes no hubieren tenido conocimiento.[16]"

En este caso en particular resulta curiosa la decisión de la Presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, ya que estaría cerrando la puerta a que los árbitros puedan resolver y adjudicar controversias derivadas de contratos administrativos y las limitaría únicamente a resolver los efectos de la aplicación de ciertas cláusulas.

En más de una oportunidad los tribunales arbitrales se han visto en la necesidad de pronunciarse sobre la debida, legal y/o correcta aplicación de cláusulas contractuales como multas, terminación anticipada o liquidación contractual, sin que esto signifique que se están entrando en materias reservadas para los jueces contencioso-administrativos[17].

3.2.4. Violación De Procedimientos para Integrar el Tribunal Arbitral:

Esta causal consta del artículo 31, literal e) de la LAM, que señala que se podrá intentar la acción de nulidad del laudo arbitral, cuando se hayan violado los procedimientos previstos por esta Ley o por las partes para designar árbitros o constituir el tribunal arbitral.

Uno de los casos más paradigmáticos sobre este aspecto, fue el resuelto de manera reciente por la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, cuando anuló el laudo arbitral dictado en el caso Quasar Nautica Expeditions S.A. vs. Oceanadventures S.A., en vista de que uno de los árbitros no estuvo en el país cuando se dictó y firmó el laudo arbitral.

De la sentencia, es importante resaltar los siguientes razonamientos:

"No puede estar constituido legalmente un Tribunal con uno de los árbitros ausentes del territorio nacional peor aún al momento de la expedición y notificación de ese laudo. Por ello la nulidad alegada en contra del laudo va amparada a la letra e del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, ya que de acuerdo con el principio de especificidad, que acerca de las nulidades consagra nuestro ordenamiento jurídico, las causales están específicamente en el artículo 31 de la Ley de la Materia, que encaja expresamente en la letra e) invocada y que definitivamente influye en la decisión del laudo".

Lo curioso de este fallo, es que los recurrentes ampararon la nulidad en la causal contenida en el literal d) del artículo 31 de la LAM, más no en el literal e) del referido artículo, y pese a esto la Sala dio paso a la nulidad que no fue expresamente alegada. Es decir la causal específicamente alegada tiene que ver con nulidad por incongruencia extra o ultra petita más no por incorrecta o ilegal integración del Tribunal Arbitral, lo que a nuestro juicio debió ameritar que la acción de nulidad sea rechazada por improcedente. Cualquier nulidad debe ser expresamente alegada y así resuelta por las Cortes, más no pueden los magistrados declarar la nulidad de laudos arbitrales por razones ajenas a las alegadas por las partes[18].

Es igualmente importante señalar que en sentencia de primera instancia el anterior Presidente de la Corte Provincial de Pichincha, rechazó la acción de nulidad que fuera propuesta por Quasar Nautica Expeditions S.A., y con relación al hecho de que uno de los árbitros no haya estado en el país a la firma y notificación de la decisión señalo que "Esta alegación no se encuentra contemplada, en el literal d) del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que es el fundamento en derecho de la acción de nulidad"[19].

 

4.         Conclusiones.

Como señalamos en la introducción el objeto de este trabajo era hacer un acercamiento y estudio de las sentencias dictadas por diversas cortes en los procesos de nulidad de laudos arbitrales. La jurisprudencia que ha sido dictada por la actual y el pasado Presidente de la Corte Provincial de Pichincha, ha sido favorable para la consolidación del arbitraje y para establecer principios básicos sobre cuales son las prerrogativas de los jueces en este tipo de acciones y  cuando son aplicables las referidas causales.

En la jurisprudencia comentada ha quedado claro que la acción de nulidad no está concebida como una instancia adicional y que los jueces que la sustancien no podrán re-evaluar los méritos ni cambiar lo que fue decidido por los árbitros en su momento. De la misma manera la jurisprudencia ha dejando en claro cuando aplican varias de las causales, y como las facultades de los jueces están estrictamente limitadas a los vicios de nulidad previstos en el artículo 31 de la LAM.

Igualmente nos parece importante destacar la sentencia que garantiza la libertad de los árbitros de realizar y valorar las pruebas dentro del procedimiento, sin que esto pueda considerarse como una causal de nulidad. Lo desalentador sin duda es la decisión de nulidad en el caso PETROINDUSTRIAL vs. Di - Chem del Ecuador S.A.,  que es un precedente nefasto para el arbitraje en contratos administrativos.

Esperemos que esta decisión sea revisada y que la línea de la jurisprudencia relatada se mantenga y que con estas decisiones se fortalezca el accionar de los tribunales arbitrales.

 

 


* - Asociado, Pérez Bustamante & Ponce. Co - Profesor de Arbitraje Comercial Internacional, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y Universidad San Francisco de Quito. Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje. Abogado y Doctor en Jurisprudencia, PUCE. LL.M. y receptor del Parker School Recognition for Achievement in Comparative and International Law, Columbia University.

[1] R.O. 145, 4 de septiembre de 1997. Su codificación fue publicada en el R.O. 417, 14 de Diciembre de 2006.

 

[2] El autor en conjunto con Xavier Andrade Cadena, en la obra "El Arbitraje Comercial Internacional en Iberoamérica." Marco legal y jurisprudencial, Editorial Wolters Kluwer, abordaron el tema y señalaron: "Es pertinente anotar que ésta no constituye un recurso sino una acción bajo el derecho ecuatoriano; diferenciación trascendental que motivó una reforma a la LAM en el año 2005 y el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia en el caso Latin American Telecom Inc. vs. Pacifictel S.A., en el que afirmó: "...quedó claro...que la nulidad del laudo arbitral se persigue por medio de una acción y no de un recurso". Esta distinción tiene relevancia en el derecho ecuatoriano porque los recursos normalmente son concebidos para que tribunales superiores sustituyan las decisiones de cortes inferiores por la existencia de errores sustantivos o adjetivos, propios de los procesos de la justicia ordinaria, mientras que la acción de nulidad de la LAM tiene como única finalidad hacer un control a posteriori del laudo sobre la existencia de los presupuestos formales para su validez."

[3] Artículo 59 del Código de Procedimiento Civil que señala: "Toda controversia judicial que, según la ley, no tiene un procedimiento especial se ventilará en juicio ordinario".

[4] Registro Oficial Suplemente No. 605, 4 de Junio de 2009. En esta Sentencia, la Corte Constitucional para el período de Transición sostuvo lo siguiente: "La ley de la materia ha previsto un procedimiento para el caso de cuestionar la validez del laudo arbitral y como puede observarse, el trámite de nulidad establecido es ágil, siendo únicamente este trámite el que debe ser observado en estas casusas, como en efecto ha aplicado el Presidente de la Corte Superior...sin que para estas pueda aplicarse el artículo 59 del CPC...". Antes de la emisión de esta sentencia la Corte Nacional de Justicia en el caso Pacifictel S.A. vs. Negocios y Telefonía Nedetel S.A. ya se pronuncie al respecto y señalo: "...En consecuencia, al no establecerse en la ley el procedimiento a seguirse frente a tales acciones, lo que corresponde por el mismo mandato de la ley, es su sustanciación en juicio ordinario, sin que pueda considerarse acertada, la interpretación por la cual...dicha acción de nulidad merezca un trámite especial o sumarísimo como podría pensarse..."  (Pacifictel S.A. vs. Negocios y Telefonía Nedetel S.A., Corte Suprema de Justicia, 20 de Agosto de 2007). En la actualidad hemos podido evidenciar con las cortes provinciales, especialmente la de Pichincha, sustancian las acciones de nulidad en trámite especial y no en juicio ordinario.

[5] Quasar Nautica Expeditions S.A. vs. Oceanadventures S.A.  Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 25 de noviembre de 2009, página 12, "DECIMO: Los motivos de nulidad se encuentran taxativamente establecidos en el Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación". Ver también: Olicorp S.A. vs. Masgas S.A., Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 10 de diciembre de 2008, página 8.

[6] Latin American Telecom Inc. vs. Pacifictel S.A., Corte Suprema de Justicia, Decisión No. 242-2007, 11 de julio de 2007, R.O. Suplemento 542, 6 de marzo 2009.

[7] Jr. Security Cia. Ltda. vs. Productos Avon del Ecuador S.A., Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 30 de junio de 2010, páginas 3-4; Empresa Pública Hidrotoapi E.P. vs. Construtora Norberto Odebrecht, 20 de marzo de 2011, página 7; Primax Comercial del Ecuador S.A. vs. Lafarge Cementos S.A., 26 de abril de 2011, página 7.

[8] Taminternacional Cia. Ltda. vs. Fernando Albornoz, Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 31 de marzo de 2010 página 6.

[9] Idem, página 5. Véase también: PETROINDUSTRIAL vs. Di - Chem del Ecuador S.A., Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 22 de marzo de 2010 página 7.

[10] Cuerpo de Ingenieros del Ejército vs. Hidrotambo, Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 15 de noviembre de 2011 página 8.

[11] Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 23 de agosto de 2011, página 6.

[12] Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 30 de agosto de 2011, páginas 5 a 8.

[13] Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, 27 de septiembre de 2011 páginas 6 y 7.

[14] Ver supra nota 10.

[15] Ibidem.

[16] Ver Supra nota 2.

[17] La discusión sobre arbitrabilidad en contratos administrativos es bastante compleja y ha sido materia de discusiones y ensayos. Recomendamos ver el artículo del Dr. Juan Pablo Aguilar Andrade, Sobre las Materias Arbitrables en el Derecho Administrativo, Revista Ecuatoriana de Arbitraje, Instituto Ecuatoriano de Arbitraje IEA, 2009, páginas 19 - 30.

[18] Se ha generado una discusión sobre si se pueden anular laudos por causales ajenas a al LAM y si se debe enunciar claramente la causal por la cual se demanda la nulidad. Es nuestra opinión que el recurrente debe enunciar y fundamentar claramente en qué causal basa su acción de nulidad de las previstas en el artículo 31 de la LAM, sería peligroso abrir la puerta a otras causales para sustanciar nulidad de laudos como si fueran sentencias judiciales. Igualmente consideramos incorrecto y perjudicial para el arbitraje que los jueces "adapten" los pedidos de nulidad cuando los recurrentes equivocan o no señalan con claridad y precisión cual es la causal en la cual basan la supuesta nulidad. Como precedentes hemos podido encontrar tenemos dos decisiones: (i) La primera en es la decisión de la ex - Corte Superior de Justicia de Quito en el caso Grupexport Cia. Ltda., vs. Dineagro's Corporación Agroindustrial S.A., en la que a pesar de haber advertido que "El accionante o recurrente no ha señalado concreta y específicamente como estaba obligado a hacerlo cual es el asunto sobre el cual, en el laudo arbitral, el Tribunal se excedió en sus atribuciones...", anuló el laudo impugnado por considerar que "...el laudo arbitral decidió sobre algo que no estaba sujeto a arbitraje como era el determinar que por liquidación de un perito se estableciera el monto de lo que tenía que pagar la demandada".  Grupexport Cia. Ltda., vs. Dineagro's Corporación Agroindustrial S.A., Quinta Sala de lo Civil, Corte Superior de Justicia de Quito, 17 de febrero de 2004; (ii) La segunda es la sentencia fue la dictada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el caso Promotora Inmobiliaria Urbanis S.A. PROURBANIS vs. Qualifiedcomp S.A. En este caso el Presidente de la Corte en sentencia declaró la nulidad de un laudo arbitral por estar viciado de incongruencia extra petita, cuando la solicitud fue interpuesta por falta de motivación invocando el artículo 76(7)l de la Constitución. Promotora Inmobiliaria Urbanis S.A. PROURBANIS vs. Qualifiedcomp S.A., Presidencia de la Corte Provincial del Guayas, Guayaquil 13 de diciembre de 2011.

[19] Ver supra nota 5, página 3.

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